Tres actitudes que diferencian a España de Europa

1. Los perros y otros animales de compañía

Se permite entrar con el perro a cualquier sitio, lo que incluye restaurantes, bares y numerosos hoteles. Los perros pueden viajar en autobuses y tranvías urbanos y se facilita su transporte en otros medios. Solamente algunos supermercados restringen la entrada.

En España no se puede entrar con un perro a ningún sitio. Me pregunto si en tiempos de crisis económica se habrán evaluado las pérdidas que esta actitud española supone.

2. Las bicicletas

Se permite el transporte de bicicletas en autobuses urbanos y tranvías. Tienen un vagón específico fácilmente identificable en los trenes.
Los carriles bici no se plantean como obras faraónicas de prestigio político sino como necesidades básicas de peatonalización y descontaminación de los entornos urbanos. Una simple brocha, pintura y plantillas con la forma de una bicicleta son los únicos instrumentos necesarios para convertir un espacio de acera en carril bici.



En algunas capitales de provincia españolas empiezan tímidamente a asomar algunos carriles bici. La mayoría de ellos son inadecuados, mal planteados y extremadamente caros.
Se debería tomar ejemplo de muchas ciudades europeas.
Los pomposamente llamados planes de movilidad suponen en España penosas obras públicas para justificación de los políticos locales. En la mayoría de los casos es imposible ir al trabajo o a la compra en bicicleta, muchas veces se encuentran en las afueras y sin conexión.

Carril bici en Berlín. Imagen extraida de http://www.planetizen.com/node/30500




Ya que las vías verdes suponen el reconocimiento del fracaso del transporte de viajeros y mercancías por ferrocarril podrían aprovecharse al menos para desarrollar una red de carriles bici estudiados no exclusivamente para el ocio sino para la interconexión de núcleos urbanos.

El planteamiento, no obstante es el contrario: rédito político a corto plazo en lugar de opciones reales como alternativa al coche.


3. El reciclado

En una sociedad capitalista el reciclado es un trabajo que se paga -al menos parcialmente. Debe ser así. Vaciar, limpiar, clasificar y transportar todo lo reciclable hasta los puntos específicos supone un trabajo y es pagado como tal.
En los almacenes de bebidas de Alemania los cascos de las botellas se reciclan lo mismo que antes se hacía en España, es decir, se entrega la botella vacía a cambio de un descuento al adquirir las llenas.
En Noruega y en Alemania existen máquinas ubicadas en los supermercados en las que se introducen los cascos de vidrio o pet y se recibe un ticket de descuento en caja.
Por otro lado, una vez más, el reciclado no se contempla como una buena acción por parte de los ciudadanos que pugnan por introducir un número muy limitado de objetos a través de ranuras minúsculas. Reciclar se considera una necesidad medioambiental racional y un comportamiento lógico. Los contenedores son abundantes y fáciles de usar.

En España existe el grupo llamado Ecoembes, sin ánimo de lucro, formado por empresas capitalistas.
¿Cuál es la razón de que se instruya a la población en el sentido de que se deben reciclar sólo ciertos recipientes o materias y no otros? Obviamente, el beneficio económico que supone la posibilidad de una clasificación en los hogares en lugar de un complejo tratamiento de los residuos en las factorías de reciclado, con lo que se encarecería el proceso.
¿Es posible que los beneficios del reciclado reviertan en los ciudadanos? Indudablemente, los beneficios medioambientales nos tocan directamente pero, al ser Ecoembes un grupo de empresas ¿Cómo vuelven a los ciudadanos los beneficios contantes y sonantes?

Imagen extraída de Kompass

Contra la DGT

Establecer los límites a las ansias del Estado por "proteger" a los ciudadanos ha sido algo de lo que tradicionalmente se han ocupado disciplinas como la sociología política o la economía política. Recuerdo que en el Wonnacott o el Samuelson se explicaba a los estudiantes de derecho hasta qué punto un Estado podía estar legitimado para inspecccionar si los suelos de las vaquerías eran resbaladizos o asuntos similares. Tradicionalmente se entiende que las cuestiones de orden privado que conciernen a los ciudadanos adultos no deben ser objeto de control público.

En España no existe una clara conciencia de lo que supone la intervención de las fuerzas policiales en la dicotomía seguridad - libertad. El Estado existe como instrumento del contrato social supuestamente establecido por los ciudadanos para sacrificar ciertos valores en función de la protección de otros. Las fuerzas policiales, los ejércitos y los representantes políticos deben siempre proteger los valores superiores del ordenamiento jurídico entre los que no figuran el descenso en el número de fallecidos por accidentes de tráfico rodado sino, tal y como establece el artículo 1 de la Constitución española: La libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político.

Siendo así no se entiende cómo se puede permanecer indiferente ante el continuo bombardeo propagandístico de la DGT y sus incesantes, irrespetuosas, a menudo contraproducentes y multimillonarias campañas que no sirven de nada si se toma como premisa que la sociedad española es inculta, insensata y desinformada.

No argumentaré aquí que el Director General de la DGT ha sido sorprendido infringiendo las normas que defiende.



Ni argumentaré en este artículo que los militares no deben vigilar cómo conducen o se conducen los ciudadanos civiles pero sí quiero establecer ciertos puntos:

1. La DGT es una institución obsoleta con origen en la dictadura. En la administración no hay jefes sino servidores públicos, de unos términos a otros media un abismo.

2. El interés de los políticos no parece radicar en la mejora de la comunicación vial entre los núcleos de población sino en la consecución de ventajas electorales a corto plazo mediante la exhibición de cifras que demuestren reducción de accidentes

3. Nada se puede hacer con campañas que llamen inculta, insensata y necia a la población puesto que si la ciudadanía es así ello se debe tanto a su idiosincrasia como a la frivolidad del sistema educativo y al gran interés de todos los representantes políticos por deteriorarlo

4. Si los recursos económicos de las multimillonarias campañas de la DGT se dedicaran a mejorar la educación general, no específicamente la vial, a mejorar el estado y el mantenimiento de las carreteras, a introducir elementos pasivos e investigación en seguridad de tráfico rodado, a actualizar el parque automovilístico, a reconducir el tráfico de mercancías hacia la red ferroviaria y al transporte marítimo otro gallo nos cantara

5. Si se prohibiera la circulación de camiones sobre todo fuera de autovías los fines de semana se eliminaría un grave factor de riesgo en la conducción

6. Las señales de limitación de velocidad deben adaptarse a las características reales de las carreteras y del tráfico, informatizándose y haciéndose variables

7. Los obstáculos a la fluidez del tráfico en autovías deben desaparecer. Hace un par de años en un trayecto medio de 700 Km podía leerse 17 veces el número de fallecidos en las mismas fechas el año anterior pero en los paneles informativos no se informaba en absoluto de las condiciones y características del tráfico.
El tramo de la A4 a su paso por Despeñaperros debe ser reformado urgentemente.
La autovía Granada - Motril debe acabarse con rapidez

8. Las mejores carreteras no deben ser para el que tenga dinero para pagarlas. Los peajes deben suprimirse. Recuérdese que en la Constitución se define a España como un Estado "social" y democrático de derecho. Las solicitudes de nuevos peajes deben denegarse

9. Hay que mejorar las áreas de descanso. Haciendo más atractivas las paradas en áreas de descanso públicas con servicios pulcros y zonas verdes al estilo de las francesas.
y sobre todo

10. Hay que desterrar la idea de que por ser más y mejor vigilados el sacrificio de la libertad y la privacidad merecerán la pena. Más libertad, menos vigilancia y todo el esfuerzo para mejorar el buen sentido de la población desde la infancia, predicando con el ejemplo.
Supresión de la DGT y sus "jefaturas".